Fiscal Nacional refuta críticas del Gobierno: Trata de llevar a sede penal un conflicto social y político

Fiscal Nacional refuta críticas del Gobierno: Trata de llevar a sede penal un conflicto social y político

El fiscal nacional acusó incluso una «absoluta ignorancia» en varios de los cuestionamientos formulados por parlamentarios contra el Ministerio Público. En tanto, descartó hablar, por ahora, de la existencia de violaciones «sistemáticas» a los DDHH por parte de agentes del Estado.

ACTUALIDAD – NACIONAL

El fiscal nacional, Jorge Abbott, refutó duramente las críticas formuladas en los últimos días desde el Gobierno y el oficialismo a la labor del Ministerio Público en el marco de la crisis social, y aseguró que es un intento de «llevar a sede penal un conflicto social y político» e incluso acusó una «absoluta ignorancia» sobre el funcionamiento del sistema judicial.

Abbott protagonizó ayer una polémica con los abogados penalistas convocados por el Ejecutivo, que cuestionaron que el Ministerio Público busque salidas alternativas en causas como saqueos, «sin investigar», y el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, criticó su rol: «Muchas veces, la Fiscalía no nos acompaña y básicamente los detenidos quedan rápidamente en libertad, ni siquiera van a controles».

«Desgraciadamente vemos con preocupación que se trata de llevar a sede penal un conflicto de carácter social y político, cuyos responsables no han tenido la capacidad de poder solucionar», respondió Abbott en conversación con El Diario de Cooperativa.

«El subsecretario del Interior y los ministros del Interior de todos los gobiernos, cada vez que hay un procedimiento policial exitoso, aparecen junto con las policías, a veces con los fiscales (…) pero cuando hay fracasos o teóricamente críticas, no, es el Ministerio Público. Es decir, las utilidades las hace el Ministerio del Interior y las pérdidas, el Ministerio Público», reflexionó.

Afirmó que «la realidad desmiente» la crítica, ya que, detalló, «hasta el 22 de noviembre hemos pasado a control de detención a más 30 mil personas, hemos formalizado a más de 20 mil y tenemos más de 2 mil personas en prisión preventiva».

Asimismo, reprochó «algunas afirmaciones que parten de una ignorancia realmente increíble: un senador de la República me decía ‘los fiscales tienen que estar en el sitio del suceso para ordenar las detenciones’; eso es no entender nada cómo funciona el sistema. Los fiscales actuamos una vez que se ha cometido el delito y llegamos al sitio (…) que ya se encuentra aislado por las policías (…) buscando pistas o algún antecedente. Se está hablando desde la más ignorancia absoluta».

La Fiscalía fijó criterios de actuación «desde el primer día»: Aclaró también que la Fiscalía Nacional fijó «instrucciones» de actuación en la crisis «desde el primer día», en respuesta a «abogados de que no han existido criterios».

«Si ellos consultaran al Ministerio Público, a diferencia de salir por los medios criticando», expuso, sabrían que el 20 de octubre «dimos las instrucciones, y luego las ampliamos; donde fijamos criterios de actuación obligatorios para todos los fiscales, en términos de ser muy rigurosos en pedir prisión preventiva respecto a quines tienen antecedentes anterior, no terminar las causas en la primera audiencia, en las suspensiones condicionales tener la prevención de consultar con los querellantes».

En ese marco, precisó los detalles del caso de los 29 imputados por un saqueo a un supermercado de Conchalí que optaron a una salida alternativa, que dio pie a la polémica con los abogados del Gobierno: «Hubo un error, se incumplió una instrucción del fiscal regional, que es escuchar antes a los querellantes (..) se anticiparon en pedir audiencia (…), pero nos reunimos ayer con él (un abogado representante del Gobierno en la causa)», dijo, y agregó que la suspensión condicional aún no ha sido concedida.

En ese marco, apuntó a diferenciar entre las responsabilidades en estos casos, asegurando que para «las personas que promovieron y llevaron adelante» saqueos e incendios en recintos como supermercado, «por cierto que el Ministerio Público, ya establecida su identidad, va a buscar la mayor de las sanciones».

«Pero por Dios, respecto de aquellas personas que ingresaron una vez que el supermercado ya abierto y sustrajeron algunas especies, no nos pidan las penas del infierno. Negar salidas alternativas a esas personas y otorgárselas a otras se está generando la promesa casi autocumplida del nuevo sistema de procesal penal que va a ser una máquina de moler carne de gente pobre, cosa que no estamos dispuestos a tolerar», enfatizó.

Hablar de violación «sistemática» de DDHH por ahora es «irresponsable»: En tanto, sobre las voces que acusan que durante la crisis ha existido una violación «sistemática» a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, sostuvo que «es una afirmación que se podría hacer una vez que terminemos nuestra investigación», pero «hacerla a esta altura es una enorme irresponsabilidad»

«Ha sido un tema complejo. Hasta el 22 de noviembre teníamos 2.670 denuncias de violaciones de derechos fundamentales, estamos llevando las investigaciones, hemos encontrado en la mayoría de ellas cooperación por parte de las policías y el Ejército. Nos ha preocupado desde el primer día el uso de armamento que ha derivado en daños en los ojos; hemos sido extraordinariamente proactivos en buscar a las víctimas de estos delitos, hemos estado recorriendo hospitales», añadió.

Además, sobre la actuación policial, planteó que «Carabineros tienen un problema porque ha tenido que destinar un grupo muy importante de funcionarios a resguardar algunos sitios emblemáticos que los manifestantes pretenden atentar. Y más encima se generan hechos violentos producto de personas que actúan a rostro cubierto, hay una cantidad enorme de carabineros heridos, con lesiones gravísimas».

Pero en ese marco, resaltó, las policías «han hecho un trabajo notable, se han visto enfrentadas a una situación inédita (…) un trabajo digno de destacar».

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